El Comité de Derechos Humanos de la ONU cree que España no ofrece todas las garantías procesales a algunos detenidos por terrorismo e insta a que considere la derogación de la Ley de Amnistía de 1977.
También pide que se prevea la creación de una comisión independiente encargada restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil.
Estas son las principales conclusiones emitidas este viernes por el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por cada Estado parte, y que la semana pasada analizó el informe presentado por España.
Aunque los expertos consideran que España ha hecho avances y adoptado algunas medidas tendentes a mejorar la detención en las cárceles, siguen preocupando aspectos como el régimen de detención incomunicada para delitos de terrorismo y bandas organizadas.
"El Comité no comparte la opinión del Estado en cuanto a la necesidad de mantener el régimen de incomunicación en aras del 'interés de la justicia' y entiende que puede propiciar malos tratos", señalan, por lo que pide su supresión, así como se reconozca a todos los detenidos el derecho a la libre elección de un abogado.
"En España, la definición de terrorismo es demasiado amplia y poco precisa, de manera que se puede decir que es amenazante para la causa de la defensa. Están de alguna manera amenazadas las garantías procesales con el régimen de incomunicación y las limitaciones a la elección de abogado", dijo el presidente del Comité, Rafael Rivas Posada.
"Creemos que aunque el diálogo ha sido muy positivo y se han registrado avances, hay un terreno grande para una mejoría", especialmente en relación a las garantías procesales, agregó.
"No ha adoptado un mecanismo eficaz de prevención de la tortura"
España "debería prever la modificación de los artículos 572 a 580 del Código Penal para limitar su aplicación a las infracciones que revistan indiscutiblemente un carácter terrorista", señalan las conclusiones.
También piden que se limite la aplicación de la prisión preventiva y que elimine el secreto de sumario, así como que se generalice la grabación con cámaras de los interrogatorios.
También expresa el Comité su preocupación por que "siguen denunciándose casos de torturas y el Estado parte no ha adoptado un mecanismo eficaz de prevención de la tortura".
Acerca de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil, el Comité acoge con satisfacción la Ley de la Memoria Histórica y saluda la reciente decisión de la Audiencia Nacional de examinar la cuestión de los desaparecidos.
Pero recuerda que "los delitos de esa humanidad no prescriben" por lo que pide a España que considere la derogación de la Ley de Amnistía de 1977.
También, que una comisión de expertos independientes establezca la verdad histórica y que se permita a las familias que "identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas, y se las indemnice".
En el terreno de la inmigración, el Comité expresa su preocupación especialmente por los menores no acompañados y la necesidad de que dispongan de asistencia jurídica.
Y respecto a la violencia contra la mujer, considera que España "debe intensificar sus esfuerzos" para combatirla.
Vía EFE
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